miércoles, 16 de enero de 2019

Veracruz: 500 años

El periodo 1519-2019 tiene en su centro la construcción histórica, evocativa, mental, sociológica, política y jurídica del concepto “Veracruz”, que simboliza, dramática y continentalmente, el encuentro, confrontación y sincretismo de la cultura europea occidental y la multiculturalidad étnica mesoamericana. En el conjunto de nuestras modestas colaboraciones queremos abrir un pequeño arco para escribir sobre este pasado y presente, acudiendo a fuentes generales asequibles a todos nosotros, en la búsqueda y comprensión de nuestra identidad, y de nuestra patria y matria como diría don Luis González y González. Vale la pena, ojalá podamos. No todos los años se conmemoran 500 años de existencia.
En la magnífica “Nueva Historia General de México”, de El Colegio de México (2010), bajo la pluma de Erick Velázquez, en el apartado relativo a Los habitantes más antiguos del actual territorio mexicano, podemos apreciar que, más allá de las sucesivas oleadas migratorias ocurridas hace 30 mil, 15 mil, 10 mil o 6 mil años, por las que pueblos mongoloides del noreste asiático poblaron el continente americano -o pueblos de rutas alternativas provenientes de África, como algunos han sugerido basándose en evidencia arqueológica obtenida del Brasil actual- e, incluso, más allá de si fueron polinesios o vikingos quienes en los últimos cientos de años experimentaron los primeros contactos con el suelo, costas y pueblos indígenas del continente americano; podemos decir que a lo ancho de los horizontes históricos que cuentan los 28 milenios del amplio periodo lítico o de talla de instrumentos de piedra (33,000-12,000 a. C.,) caracterizado por prácticas de nomadismo, recolección, caza, pesca, agricultura y sedentarismo, a partir de reducidos y dispersos asentamientos humanos se pudieron consolidar, en esa dilatada y milenaria duración, poblaciones de mayor y creciente presencia demográfica, con formas de organización social que fueron de lo simple a lo complejo y que alcanzaron su mayor apogeo y representación en las deslumbrantes culturas prehispánicas de Meso y Sudamérica.
Señala Enrique Nalda -en el apartado siguiente de la obra en cita- que esas formaciones humanas crecientemente variadas, fueron causa y consecuencia, a la vez, de procesos amplios de concentración poblacional, urbanización, intensificación de intercambio de bienes y de florecimiento, caída y reflorecimiento de sociedades y poblaciones afirmadas, predominantemente, en el territorio mesoamericano, cuyas manifestaciones culturales (entendidas en su más extenso sentido) dieron lugar a la clasificación de los periodos históricos del Preclásico (2,500 a. C. - 200 d. C., con el paulatino desarrollo del sedentarismo), Clásico (100/250 - 900 d. C., con un sedentarismo culturalmente diverso y regional en sus patrones de construcción y asentamiento, que compartió también rasgos de homogeneidad agrícola, religiosa y de cosmovisión) y Postclásico (900 – 1168 d. C., de crecimiento demográfico excepcional, migraciones copiosas y proliferación sin precedentes de ciudades en el Valle de México)…Pero: ¿Qué es Mesoamérica? en su “Pueblos y Culturas de Mesoamérica”, dice Eric Wolf que es un concepto esencialmente cultural, de geografía propia, significado por el desarrollo de civilizaciones indígenas de gran diversidad étnica y lingüística. Nuestro actual Veracruz está situado en esta región, que abarca casi la mitad del territorio meridional mexicano hasta llegar, prácticamente, a Costa Rica. Seguiremos.

miércoles, 14 de noviembre de 2018

Ética, poder salvaje y derecho

Si estimamos que en el núcleo de la sociedad habitan concepciones sobre valores y principios éticos, relaciones de poder y relaciones jurídicas, es posible advertir porqué vivimos tiempos de cuestionamiento sobre la actuación de ciudadanos y autoridades, y sobre la complejidad de una convivencia social complicada. En algunas partes ha renacido la idea antigua de que el poder nace, precisamente, de la circunstancia de que hay diferencias entre las personas y de que siempre debe privar “el poder del más fuerte”, sin más, porque se dice que el ejercicio de la fuerza se justifica a sí misma y, por tanto, la idea de “bueno” o “malo” se vuelve relativa, a la medida de la mayor o menor fuerza o medios que se tengan.
Cuando al poder salvaje se le oponen elementos éticos y valoraciones humanitarias sobre la condición de las personas, y sobre la innegable existencia de una cauda de derechos humanos intrínsecamente pertenecientes a nuestra existencia, incluso desde antes de nacer, se advierte el imperativo de reglar el poder salvaje, para volverlo poder normado, y fundarse en valores amplios sobre libertades, igualdades y equidades, para dar sentido humano y social al control del poder en la cultura contemporánea. Toda ética pública supone una ética privada que precisa del complemento de reglas jurídicas, para proteger aspectos valiosos de las relaciones humanas: la vida, la dignidad, el honor personal y familiar, el respeto entre personas y el libre desarrollo de la personalidad. Todos, derechos fundamentales; aunque frágiles cuando enfrentan conductas inmorales que los dañan y que, por ello, precisan de protección jurídica desde el propio orden constitucional.
En efecto, tanto en el contexto internacional como en el nacional, se admite que los derechos fundamentales responden a una construcción de orden ético que dota de una sólida base moral al Derecho. Luego entonces, los derechos humanos que poseemos como personas, fundados en criterios éticos, deben “positivizarse”, es decir, convertirse en leyes, pues el paradigma ético, político y jurídico dominante asume que los cuerpos normativos aprobados por el Estado no crean derechos, sino que se sujetan a reconocer los que ya existen de forma universal, por ser propios de los seres humanos, y su expresión legislativa se vuelve necesaria para poder implantar, en constituciones y leyes, mecanismos e instrumentos externos útiles, con el fin de garantizar su protección a plenitud, en forma de juicios o procedimientos jurídicos diversos.
Por supuesto, la afectación a los derechos fundamentales de las personas puede ir desde lo más grave y tangible, como la privación de la vida, hasta aquella de orden intangible, aunque no por ello menos importante, como el daño moral. Hoy día, con amplitud, se ha rebasado el criterio de que solo autoridades o instituciones públicas pueden causar violación de derechos humanos. Por ejemplo, la todavía nueva ley en materia de amparo, en nuestro país, ya admite la protección por la transgresión de derechos fundamentales provocada por conductas de particulares, y nuestros códigos civiles han incorporado, de forma paulatina pero firme, hipótesis y sanciones por razones similares. Los derechos humanos, derechos sustantivos o derechos fundamentales, así como su garantía y protección, han llegado para quedarse como un elemento vivo de las democracias actuales. Bienvenidos y larga vida.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

No, Raymundo, no. No mientas

Por supuesto, me refiero a ti, Raymundo Jiménez, por la ignorancia y falta de ética con que te conduces en tu columna “Al pie de la letra”, del día 7 de noviembre de 2018, al referirte a mi persona. Por segunda ocasión, en las más de trescientas colaboraciones modestas que he escrito desde el año de 2011 en diversos medios, como parte de tareas de divulgación de la cultura jurídica y política, debo ofrecer disculpas a mis familiares, amigos, alumnos y lectores, por tener que escribir, nuevamente, en defensa de mi dignidad y honor personal y familiar. Ser ignorante significa falto de conocimiento, de modo que no es un insulto, es una condición; pero cuando ésta se acompaña de cobardía, el resultado es moralmente fatal. Y ésta sí es tu condición, Raymundo: ignorante y cobarde.
Eres ignorante, porque desconoces que nunca he sido socio de la persona que dices; eres ignorante, porque desconoces que nunca he facturado a ningún gobierno -federal, estatal o municipal, en mi vida- ingreso alguno por contratos empresariales del tipo que sea; eres ignorante, porque en la función de director jurídico de la Secretaría de Gobierno, nunca realicé algún acto de autoridad o negocio en materia de regularización de tenencia de la tierra, pues la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, entonces y ahora, son categóricos al respecto; eres ignorante, porque incluso desconoces que la función que desempeño hasta el día de hoy es la de secretario de servicios legislativos -y no de “asuntos”, verifica el portal del congreso, es fácil, cualquiera lo puede hacer- donde he cumplido funciones estrictamente técnicas relativas al proceso legislativo, pero no de orden financiero o económico: insisto, consulta el portal, no implica ninguna preparación especial hacerlo y verifica la Ley Orgánica del Poder Legislativo o el Reglamento de los Servicios Administrativos del propio congreso. Por cuanto a la “adicción al dinero” o a las “guapas chamacas”, lamento decirte que no padezco de las intenciones que, al parecer, a ti te resultan deseables o atractivas como aspiraciones de vida.
Se puede ser ignorante, frívolo o temerario, no es delito; pero pretender ser un periodista sin tener un mínimo de ética profesional es una calamidad. Y si tu “periodismo” ha estado inmerso en este tipo de farsas toda tu vida, tristemente debo decirte que toda tu vida has vivido una tragedia. Creo que en tu fuero interno lo sabes muy bien; pero en tu fuero externo, también, tus bienes demuestran a que te has dedicado con tu singular forma de practicar el “periodismo”. Tu cobardía es insultante: sólo un cobarde puede expresarse de las mujeres como tú lo haces; pretender difamar y destruir el derecho humano al honor personal y familiar, atacar la dignidad humana de una persona cuya formación profesional y posgrados (sí, Raymundo, en plural) se fundan en el esfuerzo, el mérito académico y la docencia, e intentar anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas por su condición de sexo o género, es un asunto de cobardes. Tal vez sea bueno que consultes a los alumnos y alumnas de varias generaciones, sobre los méritos profesionales de la maestra que insultas con tanta cobardía. Cuando consultes a otros, trata de que tengan un mínimo de autoridad moral. Pero no consultes a tu conciencia: ahí no existe nadie o nada que consultar. Estoy a tus órdenes como ser humano, como persona, como profesional y como hombre, aunque ignores el significado de la hombría.

miércoles, 24 de octubre de 2018

Nueva Administración Pública

El exministro de la Suprema Corte de Justicia, don Sergio Valls Hernández, administrativista consumado de reconocida memoria (q.e.p.d.), en coautoría con don Carlos Matute González, nos legó una magnífica obra, denominada “Nuevo Derecho Administrativo”, cuya más reciente edición (5ª, diciembre de 2017) actualiza información sustantiva. Destaca en esta muy útil colaboración, el concepto de nueva administración pública que admite aspectos formales (jurídicos) y materiales (político-sociológicos) y que abandona las antiguas nociones predominantemente normativistas o, en el otro extremo, excesivamente realistas, para proponer un equilibrio que se nutre de teoría y praxis; animado, a su vez, por la incorporación de consideraciones diversas, dada la inclusión del debate y explicación del Sistema Nacional Anticorrupción que, por sí mismo, ya resulta una valiosa contribución.
La administración pública sería, así, un ente complejo y dinámico, integrado por normas, personas e instituciones, con propósitos de servicio público en pro de fines tanto generales como específicos, fundamentales para la convivencia de una colectividad de personas, mediante acciones racionales y coherentes de gobierno. Pero una “nueva administración pública” significa un esfuerzo por romper inercias burocráticas que vuelven retardatoria la acción de gobierno y de la autoridad administrativa; esto es, implica una “nueva gobernación” o “nueva gestión pública” orientada hacia un “bienestar social sostenible en el largo plazo”, donde la nueva forma de gobernar -o, si se quiere, de administrar- tiene que ver con la incorporación de valoraciones sociales sobre equidad y participación social, antes soslayadas, para entender la realización de los fines colectivos bajo principios de eficacia (cumplimiento de metas) y eficiencia (con ahorros de tiempo y de dinero).
Ya no se trata ahora de simples gobiernos de mando y control, que derivan en administraciones autoritarias, verticales o impositivas, por decir lo menos; sino de gobiernos de dirección y de coordinación que incorporan a la sociedad (instituciones civiles, organismos no gubernamentales, grupos de interés, actores y representantes sociales, participación académica, cámaras de comercio e industriales y, en fin, franjas sociales activas que no pertenecen a las tradicionales estructuras gubernamentales), para una toma de decisiones más horizontales y consensuadas. En efecto, si antes se pensaba que era suficiente que un gobierno se legitimara en las urnas electorales, ahora se asume que la elección solo da un rasgo de legalidad, pero no necesariamente de legitimidad, pues ésta se gana en el quehacer diario de un gobierno que decide actuar en un plano de igualdad con la sociedad, y no de superioridad. Gobernar a la “antigua” es derroche de recursos por meros actos voluntaristas y unilaterales de quien toma decisiones públicas; gobernar “hoy” es hacer un uso racional de los recursos a disposición, con una estrategia de incorporación social de las personas a quienes se dirigen los beneficios colectivos, mediante políticas públicas incluyentes que deben empezar por permitir la participación social en la toma de decisiones, desde el principio de la gestión, del diseño, del programa, del servicio público, de la obra, desde la planeación misma, para no hacer del ciudadano un simple espectador; porque un “nuevo gobierno” o una “nueva administración” considera al ciudadano como un sujeto y no como simple objeto o cosa. Bien.

miércoles, 17 de octubre de 2018

Táctica Legislativa (4ª y última parte)

La táctica o estrategia legislativa de hoy día atraviesa por el cálculo político de dos cuestiones torales inseparables: una normativa y otra numérica. De la normativa habría que decir que parte del examen jurídico de la organización (estructura) y funcionamiento (atribuciones) de los órganos interiores de los congresos, tanto de los que ejercen el gobierno efectivo (Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política) como de los que ejercen competencias específicas (comisiones y comités legislativos de funcionamiento permanente), si aplicamos las denominaciones que se usan en el Congreso Federal Mexicano o en varios Congresos Estatales, pues se trata ni más ni menos que del mando para ejercer las capacidades de dirección política, de dictamen legislativo y de control, fiscalización y enjuiciamiento, respecto de la acción de gobierno (dependencias y entidades de la administración pública, y organismos autónomos de Estado) o de las personas (para el cuidado y protección de derechos humanos). Por cuanto a la cuestión numérica, se trata de la cantidad de escaños (diputaciones) que tiene cada partido político para: primero, integrar el equivalente grupo parlamentario o legislativo, compuesto por los legisladores de un mismo partido o coalición, como acaba de suceder en el orden federal; segundo, lograr el control y ejercicio de los órganos de gobierno arriba señalados (Mesa y Junta), para determinar los asuntos prioritarios del orden del día de las sesiones plenarias del congreso, los trabajos legislativos y la agenda legislativa en su conjunto. Así, normas legislativas y números parlamentarios son cruciales.
Por ejemplo, en ambas Cámaras Legislativas del Congreso Federal eso fue exactamente lo que pasó, porque el predominio político de un grupo parlamentario requiere pasar por la cifra “mágica” de agrupar al menos 251 (de 500) Diputados o de 65 (de 128) Senadores, que da las condiciones necesarias de quórum legal para sesionar constitucionalmente en forma mayoritaria y, así, integrar los órganos legislativos mencionados, dado que las comisiones y comités reproducen en su interior la proporción con que cada grupo parlamentario participa en el 100% de miembros de cada Cámara. Y, en efecto, la normativa parlamentaria interna está elaborada para que la centenaria “regla de oro de las mayorías” sea una realidad político-legislativa que define, mundialmente, en las democracias occidentales, la conducción de las asambleas deliberantes.
Esa es la razón por la cual, en los Estados de la República Mexicana, las normas y los números también son definitivos para el funcionamiento de sus respectivos congresos (compuestos de una sola cámara), con sus particularidades o peculiaridades para formar cifras “mágicas”, como las siguientes: (1) un mínimo de Diputados para declarar la formación de un grupo legislativo o parlamentario; (2) formado el grupo, un mínimo de integrantes para asumir predominio en los órganos legislativos y para dar el quórum legal por sí mismo (mitad más uno del total de legisladores); y, (3) fundado en las normas y números comentados, capacidad negociadora para lograr mayorías calificadas de dos terceras partes del total, que requieren de, al menos, el acuerdo básico de dos grupos parlamentarios para aprobar reformas o nombramientos constitucionales. Complicado ¿No?

miércoles, 10 de octubre de 2018

Táctica Legislativa (3ª parte)

Hoy día, las asambleas políticas -parlamentos en Europa o congresos en América- se desenvuelven al cobijo de la normativa interior que aprueban para sí mismas, sin intervención de ningún otro poder (Ejecutivo o Judicial), bajo el nombre de reglamento (manteniendo un concepto doblemente centenario y predominante en este campo) o de ley (asimilándose a la diferencia que actualmente se hace entre ley y reglamento). En efecto, dado el desarrollo que desde el siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX, tuvo el sistema de partidos políticos (actualmente, entidades de interés público) y de los grupos parlamentarios (agrupación de diputados al interior de las asambleas, según su afiliación de partido), la propia táctica legislativa se ha ampliado más allá de la realidad de la normativa interior que regula aquellos aspectos de los que Bentham dio cuenta hace más de doscientos años -orden del día; atribuciones y funciones del Presidente del Congreso; el proceso legislativo de presentación de iniciativas, lecturas de proyectos de ley y ulterior promulgación de decretos; quórum, sesiones, debates y votaciones. Ahora los parlamentos y congresos tienen una función no sólo legislativa (creación de leyes), sino también funciones más amplias de representación política (posicionamientos, exhortos, denuncia, crítica, interpelaciones y enjuiciamiento de las acciones del gobierno y sus servidores públicos), de control (presupuestario, rendición de cuentas públicas, e investigación de empresas públicas), y de gestión (trámite o solicitud directa ante secretarías u oficinas gubernamentales diversas, para la prestación de bienes y servicios públicos en beneficio de sus electores). Y no son las únicas funciones que detallan politólogos y juristas. Duverger habla de los poderes de los parlamentos occidentales: de delimitación; de control; o de reivindicación y de oposición. La Palombara distingue cinco funcione: legislativa; de representación; de expresión de conflictos de intereses; de socialización y educación políticas; y de vigilancia, supervisión e investigación. Y Santaolalla señala las funciones siguientes: legislativa; financiera y presupuestaria; de control; de dirección política; jurisdiccional; y de expresión o representación.
Además de que las asambleas políticas desarrollan normalmente las funciones mencionadas a través de su sistema interior de comisiones o comités, como órganos técnicos de deliberación y dictamen que asumen la condición de instrumentos con competencias específicas, también existe el poder de investigación o encuesta que consiste en el ejercicio de una facultad extraordinaria de control, fiscalización, supervisión e instrumento para obtener información sobre las acciones del gobierno. El uso de esta atribución parte de la apreciación fundamental de que, en casos concretos de interés público, puede el Poder Legislativo ejercer una facultad extraordinaria de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la necesidad de investigar acerca de acciones específicas del gobierno, cuyo correcto desempeño se estima conveniente conocer, dada su importancia sustantiva, estratégica, económica o de impacto social relevante. Por eso la táctica legislativa actual atraviesa, de forma estratégica, por la identificación, distribución y control de las principales comisiones y comités legislativos y, sobremanera, de los órganos de gobierno interior que en nuestro país se conocen como: Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política…Seguiremos.

miércoles, 3 de octubre de 2018

Táctica Legislativa (2ª parte)

Después de los trabajos pioneros de Bentham, orientados hacia la normación de la vida interior de los parlamentos o congresos, se debe a Thomas Jefferson la publicación del Manual del Derecho Parlamentario (1827) -publicado con motivo de su experiencia como Vicepresidente de los Estados Unidos de América y, por esa razón, simultáneamente Presidente del Senado de su país- consistente en un resumen y adaptación de las reglas observadas en el parlamento inglés de su época, explicando, además, las razones que lo llevaron a elaborar su texto: “un cuerpo legislativo que debe tratar los negocios con ciertas formalidades, confiere a cada uno de los brazos del mismo la facultad de determinar por reglamentos las que han de observarse en sus respectivas deliberaciones. En su consecuencia adoptó el senado diferentes reglas para su propia dirección; pero viendo que no se podían aplicar sino a un corto número de casos, dejó a su presidente el poder de decidir sin apelación ni discusión todas las cuestiones de orden que ocurriesen y no estuviesen previstas en aquellas. Armado el presidente de una autoridad tan extendida y arbitraria puede tener el mayor influjo en los debates y decisiones de la asamblea, y está por lo mismo en la obligación de no ejercerla sino con toda la madurez posible, debiendo penetrarse de la necesidad de recurrir en su aplicación a algunos principios conocidos y a un sistema de reglas fijas para no hallarse jamás en el caso de seguir sus inclinaciones o caprichos, y dar lugar a acusaciones justas”.
Pasar de la lectura de la “Lógica Parlamentaria” de Hamilton a la de las “Tácticas Legislativas” de Bentham y, de ahí, al “Derecho Parlamentario” de Jefferson, constituye una acción obligada a la hora de conocer los antecedentes sobre el funcionamiento de las asambleas políticas en el mundo, con el fin de ubicarse en el estudio del reglamento interno de los cuerpos legislativos como instrumento jurídico-político para regular los procedimientos, inmunidades y privilegios parlamentarios, en complemento de las normas constitucionales de cada caso, cuyas primeras cuestiones se relacionaron con el sistema de inmunidades y privilegios de los parlamentarios, protección de la independencia del órgano legislativo y su función deliberativa en conjunto, así como mantener a salvo a los legisladores de presiones políticas externas o intentos de corrupción, de lo que derivó, por ejemplo, la necesidad de establecer retribuciones para los miembros de las Cámaras que desalentaran la cooptación de su voto.
Así, desde el siglo XIX podemos encontrar líneas definidas que otorgaban, ciertamente, un sentido de novedad, pero también de claridad a este campo. No obstante, el inicial desconocimiento sobre dicha materia y su ausencia de denominación, llevaron a los parlamentarios de la época a darle, casi por sentido común, el nombre de reglamento, pues la razón práctica y sencilla para adoptar esta denominación no fue más que su natural significado gramatical: conjunto de reglas. Hoy día se considera al Derecho Parlamentario como una rama del Derecho Constitucional, relativo al estudio del conjunto de normas concernientes a los Parlamentos o Congresos, a la caracterización de sus funciones sustantivas y al conocimiento de sus relaciones con otros órganos estatales, donde, además, la costumbre y prácticas parlamentarias interiores han adquirido notable relevancia hasta la actualidad. Seguiremos…

Veracruz: 500 años

El periodo 1519-2019 tiene en su centro la construcción histórica, evocativa, mental, sociológica, política y jurídica del concepto “Veracr...