miércoles, 12 de septiembre de 2018

La independencia de México

Nuestra esencia es la de una nación con raíces históricas, culturales, sociológicas y jurídicas, y fundamentos étnicos de identidad y pertenencia que, en conjunto, han dado vida, en el largo tiempo, a los sinónimos existentes en nuestra Ley Fundamental: Estado Mexicano, Nación Mexicana, República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos y México. Si el ilustre historiador-abogado, don Edmundo O´Gorman, nos enseñó a conmemorar; Gutierre Tibón nos descubrió criterios etimológicos, lingüísticos, geográficos y cosmológicos, para hablarnos de las sutilezas de la visión del mundo de los antiguos mexicanos, que hacían corresponder a la tierra con la luna, el agua, la vegetación y la fecundidad: el mítico “México: ombligo de la luna” u “Ojo del conejo (lunar)”, preñado de esoterismo y nociones autóctonas, y alimento profundo de la matria (madre) y de la patria (padre), mestiza, independiente, revolucionaria y contemporánea, llena de raíces de mexicanidad indisolublemente ligadas a la memoria de nuestros antepasados históricos, que perdieron su vida intentando solucionar los profundos quiebres de injusticia social que vivían y que no querían para ellos ni para sus hijos.
Por supuesto, la historia de nuestro país no se agota en la biografía de cada uno de nuestros independentistas originales; pero, sin ellos, no existiría comprensión plena de la intencionalidad del proceso de independencia, porque, no obstante las diferencias de interpretación histórica que tuvieron, ni Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala, Lucas Alamán, Carlos Ma. de Bustamante ni José María Luis Mora, menoscabaron los tamaños del movimiento que historiaron ni desconocieron el papel de quienes acaudillaron el proceso de independencia: Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José Mariano Jiménez, Ignacio Rayón, Mariano Matamoros, Francisco Xavier Mina; fueron todos personajes centrales de aquellos que narraron los orígenes de la gesta independentista. Por eso, sin que nadie pudiera saberlo, desde la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre de 1810, las historias regionales y municipales caminaron para construir la historia centenaria y nacional de un pueblo que, en el curso de los trescientos años anteriores, había creado una mexicanidad a contrapelo de elementos raciales, étnicos y culturales, desigualdades e inequidades, vaciados en los sentimientos de la nación que Morelos interpretó, con ese nombre, en la sesión inaugural del Congreso de Chilpancingo del 14 de septiembre de 1813, el primer congreso de la historia nacional. Mexicanos y mexicanas debemos saber que cada vez que un pueblo necesita tomar decisiones fundamentales para resolver los problemas públicos que nos abruman o los conflictos sociales que nos desesperan, podemos interrogar nuestros orígenes y el pensamiento y la conducta de quienes no dudaron en formar una nación, sabedores que la vida les iba en juego y sin saber si culminarían la obra, pero empeñados en lograr el fin que los unió. Conmemorar nuestra independencia es casi un acto de supervivencia de identidad comunitaria, regional y nacional, y de reivindicación de quienes acaudillaron la “revolución de independencia”, como la llamaron quienes historiaron en su tiempo la lucha armada iniciada en 1810. Ahora, en el festejo de nuestra independencia, puede ser muy bueno parafrasear a Alejandro Aura para expresar: si los insurgentes originales pusieron su identidad y les siguieron los demás; los mexicanos que hoy somos, debemos construir lo que sigue.

miércoles, 5 de septiembre de 2018

Derecho y Ética

Bajo el cobijo de una tradición jurídica paradigmática y predominante durante el siglo pasado, se arribó a la idea extrema de que el Derecho sólo comparte con la Ética la idea de ser, ambos campos, un sistema de reglas normativas de la conducta humana, que prescriben obligaciones y establecen derechos, pero sin un claro punto de contacto entre estos sistemas que enuncian formas de comportamiento humano. Se decía que el Derecho funciona para la conducta externa; en tanto que, la Ética, para la conducta interior. También, que el Derecho obedece a un principio de razón; mientras que la Ética, a un principio de conciencia. Además, que la fuente del Derecho sólo es la Ley producida por los órganos legislativos y, por tanto, objetiva; y que los valores a que refiere la Ética son de carácter intuitivo y pecan de ser “espirituales”, “etéreos” o “intangibles” y, en esa consecuencia, es subjetiva porque no hay manera de demostrar la existencia de valores permanentes dado que esto responde, más bien, a las circunstancias históricas y culturales de cada época.
Hoy día, aunque no se ha zanjado bien a bien el debate sobre esas diferencias, particularmente en el constitucionalismo contemporáneo, se ha venido dando, en forma acentuada desde hace una veintena de años, una suerte de reconsideraciones basadas en el hecho de que es literalmente imposible que el Derecho no anide en su expresión teórica, la lógica de incorporar valores socialmente atendibles -si no es que demandantes- que, ulteriormente, se trasminan o influyen en los procedimientos de aprobación de leyes y decretos ordinariamente producidos por los congresos o parlamentos. Ya el maestro brasileño Miguel Reale había apuntado, desde los años sesenta del siglo pasado, que el Derecho no es otra cosa sino un objeto tridimensional compuesto de hechos, valores y normas, y no sólo se compone de meras fórmulas convencionales caprichosas, pues siempre responde a valoraciones sociales, es decir, a un conjunto de “dignidades” representadas por derechos valiosos como la libertad y la igualdad, superlativamente.
De lo contrario, si sólo la ley exterior fuera por sí misma un objeto que se impusiera al Derecho mismo, entonces podrían disponerse normas dentro de las leyes legisladas que autorizaran el uso de la fuerza del más poderoso sobre el más débil, o la arbitrariedad de que la autoridad pudiera determinar, utilizando los procedimientos que se le diera en gana (es decir, discrecionalmente), cualquier acto de molestia sobre los bienes y derechos de las personas de forma unilateral. O, en el extremo, resolver, de manera sumaria, a quién se le puede quitar la vida y a quién no.
La Ética o, mejor dicho, la Filosofía Moral, entiende que hay una línea de valores como la vida, la dignidad, la libertad y la igualdad, que anteceden e informan a los órdenes jurídicos nacionales, estatales, regionales o provinciales creados por los congresos o parlamentos, llenándolos de contenido humano porque esta sustancia -el valor humano- es preexistente al Estado y a la Ley. Ambos campos, entonces, se influyen y se necesitan recíprocamente: las valoraciones humanas, intuitivas o no, permanentes o relativas, como las antes mencionadas, si son valiosas en sí mismas, requieren, sin embargo, de protección; luego entonces, si los derechos humanos son valiosos, se necesitan leyes que establezcan su protección. ¿Sí o no?

miércoles, 29 de agosto de 2018

¿Ética pública o privada?

Ambas; o, mejor dicho, una sola. ¿Acaso hay manera de tener una ética en lo privado distinta de una ética en lo público? “Ética” es una palabra de etimología griega que pasó al latín en el vocablo “Moral”. En los dos casos significa todo lo relativo a las costumbres, que luego se amplió para significar toda regla de conducta que debían seguir las personas para vivir de acuerdo con su naturaleza ¿Cuál naturaleza? La naturaleza humana ¿Cuál naturaleza humana? Aquella que mediante el entendimiento busca conocer la verdad y mediante la voluntad busca conocer el bien. Por eso, dos han sido los paradigmas de la Ética o Filosofía Moral: la verdad y el bien se les revelan a las personas por virtud de la divinidad (Dios), o se comprenden por virtud de la razón humana. Pero, en cualquiera opción -sea que la racionalidad (inteligencia y voluntad) es receptora de las ideas de la verdad o del bien, o que es la productora de ellas- el elemento humano es fundamental para aceptar, reconocer y promover conductas ajustadas a esos ideales de comportamiento ligado a valores de carácter universal, permanentes y perennes.
Esto último, sobre todo, ha sido objeto de debate: o los valores y fines, como el bien y la justicia, son valores invariables (absolutos); o los valores y fines dependen de cada época o de cada colectividad, porque lo que para unos es bueno para otros es malo (son relativos). Sin embargo, si la conducta ética o moral es absoluta o relativa, lo cierto es que la Ética o Moral siempre se orientan por nociones sobre el bien y la justicia, y el repudio de sus contrarios: el mal y la injusticia. Síguese de aquí que toda regla de conducta de naturaleza ética o moral requiere de acciones educativas, para que, en términos prácticos y normativos, se oriente el proceder de las personas con arreglo a ciertos resultados de naturaleza individual y social, y a eso se debe que se prescriban derechos, pero también obligaciones, para cumplir responsabilidades y obtener satisfacciones. Por este sentido prescriptivo y valorativo, y por la idea del necesario dictado de deberes y facultades, se ha estimado que el Derecho incorpora categorías como las antes mencionadas que se oponen a egoísmos y utilitarismos, y, en cambio -atendiendo a la naturaleza biológica, psicológica y social de los seres humanos- hace privar ideas y prácticas que tienden al bienestar general, incorporando nociones de libertad, igualdad y equidad.
Al propósito que se persigue con base en estos postulados se le llama: construcción de un régimen de derechos humanos de base filosófico moral, normativo, garantista, constitucionalmente universal y preexistente a todo orden jurídico; de modo que las leyes no otorgan derechos, sino que los reconocen porque son consustanciales a la naturaleza humana. A esto responde la actual práctica de emitir códigos morales o de conducta, sobre todo para las autoridades, al lado de leyes que, por ejemplo, regulan el comportamiento de los servidores públicos. Si queremos decirlo de otra manera, las leyes otorgan legalidad a la conducta humana de quien ostenta un cargo público o desempeña una función privada, cuando se ciñen a sus prescripciones; en tanto que los códigos de ética otorgan legitimidad. Por ello no puede haber una ética para lo público y otra para lo privado; pues se trata de llenar de legalidad y de legitimidad nuestro actuar, ante nosotros mismos y ante nuestros semejantes. ¿O no?

jueves, 23 de agosto de 2018

¿Nuevos poderes salvajes vs. Derechos humanos universales? (segunda parte y última)

No es casual que Ferrajoli refiera de Montesquieu el uso de la expresión “poderes absolutos o salvajes”, para identificar al poder real basado en la fuerza económica, militar o política que alguna persona, grupo de interés u organización detenta, y la necesidad de controlarlo y someterlo al imperio de la Ley o del Derecho. Este último fue un pensador que, en el siglo XVIII, integró un conjunto de razonamientos filosófico-políticos herederos de una larga tradición donde destacan principios del constitucionalismo católico, el reformismo religioso, el humanismo renacentista, los conceptos de ciencia y arte de la ilustración secular y, por supuesto, del parlamentarismo inglés, que de entonces hasta hoy dieron vida a la concepción de valores universales y perennes enraizados en las nociones de Justicia y Bien, de fuerte contenido ético como elemento inevitable para la elaboración de toda norma jurídica susceptible de alcanzar vigencia y facticidad para la mejor convivencia social. No sólo el aspecto valorativo sigue siendo un punto fundamental de debate e inclusión en la legislación contemporánea, sobre todo en el orden constitucional; sino que se torna, prácticamente, en el más sólido valladar con el que un ciudadano común puede defenderse contra los poderes salvajes existentes en nuestras sociedades. En efecto, Montesquieu aludió con esa expresión al poder político monarcal o imperial de su tiempo, de la misma manera que ahora podríamos incluir en ella a quien pretenda abusar de la autoridad que le es encomendada por virtud del ejercicio de algún cargo público, sea por elección o designación. Y ahora habría que añadir en esa idea de abuso, corrupción o fuerza desmedida, al poder económico nacional y trasnacional que atropelle y abuse de ese poder fáctico.
La impresionante demografía mundial y anonimato actuales de casi ocho mil millones de personas, convive con la realidad que McLuhan avizoró al decir que los medios de comunicación volverían a este mundo una aldea de informaciones y noticias contiguas, como se puede apreciar en la inmediatez e, incluso, efectos que tienen los sucesos de todos los días en cualquier parte del orbe. A guisa de ejemplo, desde el efecto “tequila” hasta el efecto “sultán”, toda crisis financiera mundial se apareja con devaluaciones monetarias, fuga de divisas nacionales, inflación o hiperinflación y, en estos trances que afectan a países de todos los continentes, las personas comunes no contamos porque no influimos ni decidimos nada al respecto; todo está en manos de los bloques de países y empresas que concentran el poderío económico más salvaje, respecto de las cuales somos simples votantes o consumidores finales. El calificativo de “salvaje” se vuelve, así, hoy día, sinónimo de impunidad, corrupción, abuso, poder del más fuerte sobre el más débil. Por eso se llama daño moral al que se ocasiona a la integridad de una persona cuando se le vilipendia públicamente con falsedad o con actitudes discriminatorias (por origen o condición étnica o social, género, edad, preferencias, estado civil, discapacidades). Por eso se llaman Derechos Humanos Universales no solo a los que jurídicamente se tienen dentro de procesos administrativos o judiciales, sino a aquellos de naturaleza intangible como el honor, la intimidad personal y familiar, que se poseen, valorativamente, por sí mismos y por el hecho de ser personas, bajo la protección de mecanismos de base constitucional en pro de la dignidad humana.

miércoles, 15 de agosto de 2018

¿Nuevos poderes salvajes vs. Derechos humanos universales?

En la actualidad, las sociedades industriales más avanzadas pretenden atender cuestiones de amplia envergadura social, económica y cultural, valiéndose de nuevas formas de investigación, transmisión y explotación del conocimiento; de modo que la ciencia y la cultura en el mundo son influenciadas por esa combinación de globalización económica, tecnología, informática y penetración cultural estandarizada que, igualmente, afectan al Estado y al Derecho en la doble consideración de teoría política y teoría del orden (o para el orden). De manera que si el Estado tradicional es el creador del Derecho legítimo, entonces la única certidumbre futura es que el advenimiento de una nueva entidad política tendría que construir un nuevo orden público, frente al interés privado de personas y organizaciones; porque la coexistencia de economías fuertes y débiles, ligadas como nunca por elementos reales de producción-consumo masificados, ha transformado las relaciones comerciales supranacionales, nacionales y subnacionales, requiriendo un nuevo sistema y, sobre todo, mayor uniformidad jurídica, instaurándose la necesidad de crear, por ejemplo, un derecho económico-mercantil como los tratados internacionales arancelarios o de libre comercio entre bloques integrados por países colocados en zonas continentales fronterizas o vecinas.
Por supuesto, esto traería una mayor influencia de los fuertes sobre los débiles y la predominancia de los sistemas político-jurídicos de los primeros sobre los últimos; pero nadie resultaría ileso porque también el sistema dominante es influido por el dominado, porque el predominio requiere, para ser efectivo, de encontrar receptores que entiendan la lógica del nuevo orden que impulsan: por ejemplo, para adquirir productos electrónicos de fuerte demanda-consumo mundial (computadoras y teléfonos), se necesita una comunicación con el consumidor en su misma lengua, con conceptos comerciales familiares, entendibles y con reglas de compraventa (por ejemplo, las pólizas de garantías) que aseguren los derechos recíprocos que hoy día se hacen válidos de manera electrónica, es decir sin lápiz ni papel. De ser así nos encontraríamos con sistemas de normas sin fronteras, de mayor extensión, que en su base material tendrían relaciones comerciales globales, de contacto inmediato entre productor y consumidor y, entonces, las herramientas informáticas se volverían, la fuente principal de obligaciones.
Si los Derechos Humanos son la fuente ética de los sistemas jurídicos más avanzados, que casi siempre colisionan con los intereses económicos, y si la explosividad de estos intereses aventura una realidad constitucional inmediata, de reducción o, incluso, fragmentación, del Estado, entonces:
¿Cómo o de qué forma podría realizarse una acción de contrapeso de notable impacto, que recurriera a la construcción de un constitucionalismo mundial que impulsara un nuevo pacto, pero ahora de estados nacionales, a la manera de un supraestado constitucional que tuviera la encomienda fundamental de construir prioritariamente un régimen universal de derechos humanos sustanciales y sus instrumentos de protección, frente al nuevo poder salvaje económico y pragmático que nos envuelve? Seguiremos…

miércoles, 8 de agosto de 2018

¿Poder, Ética o Derecho?

Nuestra demografía es inmensamente más grande que nunca: en el cambio de milenio la ONU estimaba que la población mundial era de poco más de seis mil millones de personas, en 2010 más de siete mil, en 2018 casi ocho mil y se calcula que al 2030 seremos 8,500 millones. Si estimamos que en el núcleo de la sociedad habitan relaciones jurídicas, relaciones de poder y concepciones sobre valores y principios éticos, no es difícil apreciar porqué vivimos tiempos de cuestionamiento sobre la actuación de ciudadanos, autoridades e instituciones, y sobre la complejidad de una convivencia que se torna tremendamente complicada.
En algunas partes ha renacido la idea antigua de que el poder nace, precisamente, de la circunstancia de que hay diferencias entre las personas y siempre será “el poder del más fuerte”, sin más, porque se dice que el ejercicio de la fuerza se justifica a sí misma y, en consecuencia, la idea de “bueno” y “malo” se vuelve relativa, a la medida de la mayor o menor fuerza o capacidades que se posean. La idea es tan vieja como el diálogo de Platón sobre “La República”, donde Sócrates debate la inconsistencia de ese argumento. Pero lo vemos reeditado en innumerables momentos actuales. Un ejemplo basta: el único país que no acata resoluciones internacionales igualitarias, equitativas o de reconocimiento de derechos de esta naturaleza es EUA, que presume de ser el ícono de la libertad y la democracia, y donde históricamente habita uno de los racismos más fuertes que se puedan observar. Las personas de piel morena o negra y los migrantes, conocen muy bien esta realidad lacerante. No es el único país, por supuesto, pero es el que más brilla con luz oscura en este campo.
Cuando al poder salvaje se le oponen elementos éticos y valoraciones humanitarias sobre la condición de las personas, y sobre la innegable existencia de una cauda de derechos humanos intrínsecamente pertenecientes a nuestra existencia, incluso antes del propio nacimiento, se recurre a la necesidad de incorporar en un régimen jurídico dos cosas, al menos: (1) el imperativo de reglar al poder salvaje para volverlo poder normado; y, (2) fundarse en valores amplios sobre libertades, igualdades, equidades y democracia para dar sentido humano y social al control del poder por medio del Derecho y las instituciones de la democracia.
La cultura moderna -o posmoderna, si se quiere- precisa de una ética pública, de un tipo democrático de poder político y de un derecho que convierta en reglas jurídicas aspectos valiosos de las relaciones humanas: la vida, la dignidad, el honor personal y familiar, el respeto entre personas y entre naciones y la solidaridad social. Poder, Ética y Derecho son una tríada indisoluble, pero frágil si no se alimenta de la avenencia y la tolerancia mutuas: ¿Quién es perfecto? ¿Quién es infalible? O, en sentido diferente: ¿Quién no ama? ¿Quién no es capaz de condolerse o de sufrir por sí mismo o por los de a lado o los de muy lejos?
Para los miles de millones de personas que habitamos esta enorme casa llamada mundo, el verbo “convivir” no es nada más una aspiración, es una necesidad, porque el mundo se “empequeñece” cuando, al ser más personas, hacemos descender la flora y la fauna y la riqueza natural aparejada a ellas. El Poder, la Ética y el Derecho, más que espacios de debate intelectual por supuesto útil, son herramientas o instrumentos sociales de concordia. ¿O no?

miércoles, 25 de julio de 2018

Gobierno y Estado de Derecho

Cuando se piensa la relación entre el poder público (órganos del Estado) y el poder social (ciudadanía), suele aparejarse la propia entre soberanía y democracia, porque éstas expresiones –unidas a las de ciudadanía– tienen tal historia e intimidad política que, hoy día, puede afirmarse, de manera prácticamente universal, que todo sistema político que se arrogue la condición de democrático debe fundarse en el principio de que son los ciudadanos quienes al accionar en un nivel de coordinación política –como sujetos activos del Estado– proceden a la renovación de los poderes públicos, mediante elecciones periódicas de personas que ocupan, directamente, cargos de elección o, en forma indirecta, cargos de designación, formando una población político-gubernamental de la cual unos ejercerán actos de autoridad, legalizando y legitimando su conducta de dos maneras:
Una, ya mencionada, vía elecciones generales; y, otra, en el ejercicio público, sujetándose a las formalidades y materialidades inherentes al principio de legalidad o de constitucionalidad; dado que los derechos humanos constituyen una esfera sustantiva que no puede ser penetrada por ninguna autoridad (gobierno) para afectar los bienes o derechos de las personas, a menos de que se haga de manera fundada (con apoyo en ley expresa) y motivada (indicando la causa legítima de la acción).
Las constituciones contemporáneas de las más diversas latitudes convienen en señalar que, frente al accionar de la autoridad, la primacía de las libertades humanas debe protegerse mediante instrumentos idóneos, como son los juicios garantistas para el cuidado del universo de derechos humanos de todas las personas, porque el Gobierno, en sentido extenso, significa, políticamente, la suma de las tres funciones del Estado (legislativa, ejecutiva y judicial), expresadas en la acción práctica, paralela o simultánea, de los denominados tres poderes públicos y, además, del conjunto de organismos autónomos del Estado.
Ahora bien, quienes laboran al servicio de cualquiera de estos poderes u organismos –los servidores públicos– se encuentran dotados de imperium (potestad de mando sobre las personas) y dominium (poder jurídico sobre las cosas), sólo por virtud de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que rigen la conducta de quienes son contratados por el Gobierno para el fin de desempeñar alguna de esas funciones estatales.
Que las atribuciones de los entes estatales y las facultades de los funcionarios públicos requieran fundarse en leyes previas para motivar su actuación, es el presupuesto constitucional de todo gobierno que se precie de adscribirse al llamado Estado de Derecho, porque en éste gobernantes y gobernados se conducen: los primeros, solo en los términos que la ley les autoriza (lo no puesto en ley debe entenderse como negado) y, los segundos, con criterio de máxima libertad (mientras no se afecte a terceros o al interés general). Pues bien, hoy día, a las nociones Gobierno y Estado de Derecho se han sumado las de Gobernabilidad y Gobernanza, con el fin de destacar que para el proceso de gobernar no basta sólo tener legitimidad de cargo y de actuación (gobernabilidad), sino que se necesita de la competencia o capacidad directiva de los gobiernos y su vinculación con el comportamiento proactivo de los ciudadanos y las organizaciones sociales (gobernanza). ¿O no?

La independencia de México

Nuestra esencia es la de una nación con raíces históricas, culturales, sociológicas y jurídicas, y fundamentos étnicos de identidad y perte...