La Constitución de Veracruz: el contexto (III)

Los datos de contexto nacional son importantes para el examen de aquellos de orden constitucional en el ámbito local. En efecto, en marzo de 1998 Zedillo se inclinaba por la candidatura de Miguel Alemán Velasco al gobierno de Veracruz, fuerte político-empresario y primogénito de un expresidente de la república. El proceso electoral a la gubernatura de Veracruz caminó sin objeciones ni controversias importantes, y el 1 de diciembre de 1998 Miguel Alemán Velasco asumía el cargo con resultados electorales holgados que contrastaban con la derrota del PRI en los comicios federales de 1997, los cuales alteraron el equilibrio y los contrapesos de poder en el Congreso de la Unión, significado por la pérdida de la mayoría absoluta necesaria para controlar la cámara de diputados y la inusitada unión de los diputados de todos los partidos de oposición para bloquear cualquier intento de que el PRI ejerciera la mayoría relativa con ventajas (aunque conservaba la mayoría absoluta en la cámara de senadores). En el discurso de toma de protesta de Miguel Alemán Velasco, la alusión a la crisis del sistema político era evidente: el nuevo gobernador de Veracruz expresaba en 1998, textualmente, la idea de impulsar “un nuevo pacto social”, de “una reforma de la legalidad a partir de la propia legalidad”, frente a las circunstancias nacional y estatal imperantes.

El discurso dijo más cosas, pero desde un punto de vista absolutamente político, esto constituyó el fondo del mensaje gubernamental. El marco para el anuncio fue el estadio universitario, habilitado previa y excepcionalmente por el Congreso del Estado para esta ocasión sexenal de ceremonia y discurso de cambio de gobierno, lleno ese día de asistentes e invitados especiales que daban un sentido multitudinario al evento oficial. El apoyo del presidente de la república, los resultados electorales, el origen familiar y político, la condición empresarial y la conocida relación de Alemán Velasco con los medios de comunicación nacional e internacional, produjeron que desde ese mismo día se comentara en diversos espacios y ambientes que no se trataba de cualquier acto de cambio de gobierno. Frente a las circunstancias políticas que privaban en 1998, el nuevo gobernador se erigía como un serio aspirante a la candidatura presidencial para el año 2000, y como posibilidad de detener o revertir la entonces acelerada tendencia a la baja del PRI, ante los aires de transición política que se dejaban sentir con fuerza sobre todo en el entorno nacional.

Poco más de dos meses después, en febrero de 1999, el gobernador anunciaba la creación de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de nueva constitución, que debía quedar terminado en el último trimestre de ese año para su presentación ante el Congreso Local. Siete “civiles” y dos “funcionarios” la integraban, bajo el denominador común de que todos se dedicaban profesionalmente a la materia constitucional. Desde un principio quedó claro para los “civiles” que debían concentrarse en el asunto para el que se los había convocado; en tanto que los “funcionarios” facilitarían los acercamientos y consultas con el ejecutivo estatal, porque sus funciones administrativas les daban esa capacidad de interlocución directa. La comisión tenía claro que al gobernador le interesaba realmente que se actualizara la constitución del estado, y que su diseño y contenido fuera vanguardista, porque un producto constitucional con estas características … Seguiremos.

La Constitución de Veracruz: el contexto (II)

En nuestro país, el tapado presidencial y el candidato a gobernador formaron parte de la cotidianeidad y subjetividad ligadas a las prácticas políticas de facto y a la legitimidad de las instituciones y de las autoridades, que persistieron hasta la ruptura de 2000, con los quiebres precedentes de 1968 (el 2 de octubre y la masacre de estudiantes), 1988 (la elección presidencial de Salinas de Gortari y la caída del sistema) y 1997 (derrota del PRI en la elección federal intermedia de ese año y pérdida de su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados). En el año dos mil, las elecciones federales –preludiadas en apenas diez años por los antecedentes de triunfos electorales en Baja California, seguidos de los de Guanajuato, Chihuahua y San Luis Potosí (gobernadores del Partido Acción Nacional)– produjeron un cambio de partido en el poder (la presidencia 2000-2006 de Vicente Fox Quezada y la de Felipe Calderón de 2006-2012, ambos de extracción panista) y un gobierno dividido (congreso sin mayorías absolutas en ambas cámaras legislativas, que se mantuvo hasta antes de las elecciones del 2018), y trasladó el esquema de la lucha política de un ámbito intrapartidario a uno de carácter interpartidario. 

El gradualismo practicado desde los 1930´s, por casi setenta años, encontró su ruptura en 2000 y dio paso a la transición partidocrática que duró, prácticamente, 18 años. En efecto, sobre todo desde 1988 al día de hoy, en torno a las fechas de las elecciones federales presidenciales o de las intermedias (cuando únicamente se eligen legisladores federales) y durante los periodos de sesiones legislativas, el debate político-discursivo ha incidido recurrentemente en la tópica del atemperamiento del modelo presidencialista, dado que con todo y cambio de partido en la presidencia de la república en el año que inauguró el siglo veintiuno, el sistema siguió siendo, estructuralmente, el mismo diseñado por la clase política posrevolucionaria de los 30´s y los 40´s del siglo veinte. Por eso al fenómeno político de gradualismo-ruptura-transición observado en nuestro país durante casi todo el siglo veinte, se le incorporó una forma de oferta político partidista en busca de dividendos públicos y publicitarios más redituables que otras retóricas: no hay sujeto político (partido o personaje) que se presente como organización de vanguardia o como actor que, para sobrepujar a los partidos contendientes, no resuma el debate de lo social y políticamente necesario en una propuesta fundamental: nuevo pacto social, reforma de fondo a la constitución federal, nueva constitucionalidad. La idea de nuevos códigos normativos siempre ha sido sugerente en el nivel constitucional, porque generalmente ofrece una nueva pauta simbólica y un discurso alternativo sobre los derechos humanos (ámbito dogmático) y las instituciones políticas (ámbito orgánico), que apertura debates con los partidos políticos, con los grupos de interés y, sobre todo, reverbera en los medios de difusión colectiva porque se prometen nuevas formas de hacer democracia. La diferencia con el pasado, incluso el reciente, es que se ingresó en un acuerdo ya no de personajes políticos, sino de partidos. ¿Por qué no una nueva constitución federal de una vez? Porque nadie podría “dominar” o “controlar” políticamente, en las circunstancias actuales, a un constituyente originario, dado que sus atribuciones fundacionales casi ilimitadas –jurídicamente– no tienen contrapeso y, en cambio, bajo la figura del constituyente permanente que posee la constitución federal, los partidos de mayor representación parlamentaria han podido aprobar modificaciones constitucionales de “eficacia” política, medida por el alcance de los acuerdos entre cúpulas de partidos… Seguiremos.

La Constitución de Veracruz: el contexto (I)

La Constitución de Veracruz inició su vigencia el 4 de febrero del 2000, pero su proceso de elaboración como proyecto técnica, jurídica y políticamente viable, comenzó en diciembre de 1998. El contexto en que se dio fue especial, sobre todo por la ruptura del tradicional amansamiento de los gobiernos estatales frente al federal, debido al primer antecedente palpable de inevitable alteración de las relaciones y equilibrios de poder, que se mostró con el resultado de las elecciones federales intermedias de 1997, desfavorables por primera vez en más de seis décadas al partido en el poder, que confirmaba la entonces fractura del grupo dominante, manifiesta desde los comicios federales de 1988, y el consecuente agotamiento de la continuidad y gradualismo políticos que habían hecho del monopartidismo efectivo casi una constante en la vida nacional. Las elecciones federales del año 2000 terminarían confirmando los efectos de la fractura interna, así como el dislocamiento de las hegemonías nacional y estatales. El entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, había asumido la investidura en 1994, en circunstancias histórico políticas inusitadas. Aunque el sucesor de Carlos Salinas de Gortari llegó al cargo en una elección sin aparentes complicaciones o conflictos comiciales, realmente fue producto imprevisto y azaroso de una combinación de dos hechos de fuerte impacto nacional. En la circunstancia del relevo sexenal, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia por ungimiento del presidente en turno, era asesinado en marzo de 1994 y sustituido por Zedillo. Por su dimensión, el hecho fue comparado en diferentes medios con la muerte de Álvaro Obregón, quien ya con el status de presidente reelecto fue asesinado a fines de la década de los años veinte.

Por otra parte, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se levantaba en Chiapas el 1 de enero de 1994, justo el día en que iniciaba su vigencia el Tratado de Libre Comercio México-EUA-Canadá, haciéndonos recordar que el antecedente más inmediato de acciones guerrilleras importantes había sido “zanjado” por el estado mexicano con la muerte de Lucio Cabañas a mediados de los setentas, el más representativo guerrillero mexicano antes de la aparición mediática del subcomandante Marcos. El cambio de sexenio es una expresión de fuerte tradición y significado en el ámbito político mexicano. Desde su ampliación efectiva por la vía constitucional, en la década de los 30´s del siglo pasado, el periodo presidencial significó algo más que el incremento de un lapso de ejercicio de gobierno de cuatro a seis años. Determinó el paso generacional de una clase revolucionaria a una clase posrevolucionaria, que instauró una nueva legitimidad política, representada en reglas no escritas y rituales simbólicos, construidos en torno a la idea de un poder omnímodo, pero de carácter temporal. A diferencia del pasado porfiriano y de los antecedentes carrancista, obregonista y callista, desde el presidente Cárdenas la cúspide del poder fue alcanzada por un hombre transfigurado en factor político fundamental y fiel de la balanza nacional, cuya persona, una vez concluido su sexenio, no podía trascender políticamente más allá de su memoria (incluso en vida), a menos de padecer un ostracismo real (como el que Cárdenas aplicó a Calles); a cambio, perduró la nueva institución presidencial, diseñada con arreglos de naturaleza transgeneracional que, sobre todo a partir de 1940, constituyó la solución de la unidad nacional, instituyó el tapadismo y el dedazo presidencial (designación unipersonal del sucesor) y determinó el rumbo del regionalismo político traducido en el ungimiento de candidatos a gobernadores en las entidades federativas… Seguiremos.

La Constitución de Veracruz

El pasado 13 de septiembre se cumplieron veinte años de que la Iniciativa con Proyecto de Reforma Integral a la Constitución de Veracruz fue entregada, por el entonces Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Congreso Local. Le antecedía un proceso iniciado con la integración, mediante Decreto administrativo inserto en la Gaceta Oficial de la Entidad el 9 de febrero de 1999, de la Comisión Técnico Jurídica para la revisión, evaluación y elaboración de la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, que sesionó entre el 26 de enero (primera reunión preparatoria) y el 27 de agosto de ese año, en veintiún ocasiones, y culminó con la dictaminación, debate y aprobación del nuevo contenido constitucional, mediante la participación concurrente y sucesiva de la mayoría calificada del Congreso del Estado y más de la mitad de los ayuntamientos de la Entidad (el denominado Poder Constituyente Permanente Local o Poder Revisor Extraordinario Local).

En sustitución del texto de la Constitución de Córdoba, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, el 25 de septiembre de 1917, la reforma integral se publicó en el mismo órgano el 3 de febrero de 2000, como Ley número 53 por la que se Reforman los artículos 1 al 84 y se Derogan los artículos 85 al 141 de la Constitución Política Vigente en el Estado. Como Miembro de la Comisión Técnico Jurídica de entonces y conforme al encargo de desempeñar, también, la Secretaría Técnica de la misma, hoy decidimos iniciar una serie de notas de formato periodístico para recordar y conmemorar la próxima veintena de años de vida de la nueva Constitución de Veracruz o Constitución 2000, como dio en conocérsela, para recocerla en el contexto del derecho positivo mexicano como el primer documento de orden público de esa naturaleza que abría el siglo XXI, con una nueva Ley Fundamental en una entidad federativa. 

Empero, como en todo proyecto y debate de horizonte constitucional, el proceso legislativo fue, sobremanera, un asunto público de realidades sociales y equilibrios políticos, atendiendo a la propia naturaleza de fenómenos normativos constituyentes que reformulan y enriquecen contenidos de jerarquía jurídica y politológica sustantiva, al modificarse no sólo el apartado dogmático (derechos de las personas) sino el de carácter orgánico (poder público y sus respectivos órganos): de ahí la noción de integralidad con que fue calificada la resultante legislativa constitucional. La divulgación de aspectos de cultura jurídica y política en la que me he empeñado los últimos años, como parte de tareas docentes de investigación académica a través del espacio periodístico escrito y electrónico, tiene una combinación de libertad de pluma y, a la vez, de sujeción temática: decido emprender esta serie de notas, con el esfuerzo de hacerlas inteligibles mediante una forma de difusión asequible, a la par que respondo al consejo de alumnos, profesores y amigos de contribuir a una suerte de preámbulo que recree mínimamente el proceso constitucional iniciado en 1999 y concluido en febrero de 2000. No obstante, la terminación-aprobación formal de la Constitución 2000 no finalizó plenamente, si se toma en consideración, a manera de ejemplo, que todavía hace menos de un par años apenas se estaban reglamentando artículos constitucionales que no habían logrado transminar hacia la legislación secundaria veracruzana desde ese año. Seguiremos.

2 de octubre de 1968

Terriblemente atroz, por la irracional y despiadada pérdida de la vida de los estudiantes victimados; sombríamente simbólico, por la exigencia de libertades mínimas de expresión y disenso que fueron acalladas con una violencia desmedida; e icónicamente vigente, por la fuerte carga histórico-social y política, sobre las causas, condiciones y consecuencias para el México contemporáneo; así es el recuerdo de muerte de lo ocurrido hace 51 años. Sabemos que el movimiento de entonces no fue exclusivo de nuestros universitarios. Fuimos un eco de otras latitudes, pero explicado por genuinas causas de un entorno gubernamental autoritario y políticamente cerrado, omnipresente hasta la asfixia de la protesta y el disenso válidos.

El testimonio vivo, la crónica vívida, la historia oral de Elena Poniatowska, sigue siendo profundamente escalofriante. Su libro cierra así: “Sobrevolaban la iglesia dos helicópteros. Vi que en el cielo bajaban unas luces verdes. Automáticamente escuché un ruido clásico de balazos…La balacera se hizo nutrida y automáticamente apareció el ejército (Rodolfo Martínez, fotógrafo de prensa, “Cómo vieron la refriega los fotógrafos”, La Prensa, 3 de octubre de 1968)” …“Son cuerpos señor…(Un soldado al periodista José Antonio del Campo, de El Día”).

Ya en este siglo, en 2003, Lorenzo Meyer escribió: “Hay, pese a todo, un contexto real para algunas de las razones de las protestas de los estudiantes, cuyos esfuerzos son un signo más que advierte que ya quedaron en el pasado los mejores tiempos del tan pregonado progreso y del genio mexicano para mantener la estabilidad”. El párrafo anterior no está tomado de un crítico del sistema político mexicano sino de un informe especial y secreto, fechado el 17 de enero de 1969, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Su título: Desafíos al partido único de México…La CIA no se equivocaba, y alcanzó a ver lo que una buena parte de las clases gobernantes mexicanas se negaron a aceptar entonces y durante un buen tiempo después: que una etapa del proceso histórico del país había concluido y otra acababa de iniciarse”. Fue un año convulso en el exterior. 

Alonso Ruvalcaba: “el horno llamado 1968 no estaba para el bollo llamado masacre de My Lai” en referencia a la guerra de Vietnam, el enfrentamiento entre el sur y el norte y la brutal actuación de los “soldados gringos” que descendieron ahí a “las 7 de la mañana, sábado de 16 de marzo, año 1968”. También, Ruvalcaba: “es 4 de abril de 1968 y el reverendo Martin Luther King Jr. … está ahí tirado como una cosa, hecho una jerga de carne, muerto”. Arturo Aguilar recuerda el mayo francés y su impacto sobre el cine, en Cannes: “tras los eventos trágicos de la noche del 10 de mayo, los estudiantes franceses en protesta llegaron al festival…Jean-Luc Godard, Francois Truffaut y Louis Malle…exigieron que se parara el evento: los detenidos durante la manifestación debían ser apoyados”. Y otras más: el Manifiesto Scum; hippies; psicodelia; trasplante de corazón; la primavera de Praga; la Teología de la Liberación; el Black Power en las olimpiadas; el golpe de estado en Perú y la dictadura en Brasil; crisis del dólar; el exterminio en Nigeria…y, por supuesto, “la simple lucha por el mínimo de libertades democráticas” (CNH) a la que siguió la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en México, y la renuncia y protesta de Octavio Paz. No, imposible, 2 de octubre no se olvida.