La Constitución de Veracruz: el contexto (I)

La Constitución de Veracruz inició su vigencia el 4 de febrero del 2000, pero su proceso de elaboración como proyecto técnica, jurídica y políticamente viable, comenzó en diciembre de 1998. El contexto en que se dio fue especial, sobre todo por la ruptura del tradicional amansamiento de los gobiernos estatales frente al federal, debido al primer antecedente palpable de inevitable alteración de las relaciones y equilibrios de poder, que se mostró con el resultado de las elecciones federales intermedias de 1997, desfavorables por primera vez en más de seis décadas al partido en el poder, que confirmaba la entonces fractura del grupo dominante, manifiesta desde los comicios federales de 1988, y el consecuente agotamiento de la continuidad y gradualismo políticos que habían hecho del monopartidismo efectivo casi una constante en la vida nacional. Las elecciones federales del año 2000 terminarían confirmando los efectos de la fractura interna, así como el dislocamiento de las hegemonías nacional y estatales. El entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, había asumido la investidura en 1994, en circunstancias histórico políticas inusitadas. Aunque el sucesor de Carlos Salinas de Gortari llegó al cargo en una elección sin aparentes complicaciones o conflictos comiciales, realmente fue producto imprevisto y azaroso de una combinación de dos hechos de fuerte impacto nacional. En la circunstancia del relevo sexenal, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia por ungimiento del presidente en turno, era asesinado en marzo de 1994 y sustituido por Zedillo. Por su dimensión, el hecho fue comparado en diferentes medios con la muerte de Álvaro Obregón, quien ya con el status de presidente reelecto fue asesinado a fines de la década de los años veinte.

Por otra parte, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se levantaba en Chiapas el 1 de enero de 1994, justo el día en que iniciaba su vigencia el Tratado de Libre Comercio México-EUA-Canadá, haciéndonos recordar que el antecedente más inmediato de acciones guerrilleras importantes había sido “zanjado” por el estado mexicano con la muerte de Lucio Cabañas a mediados de los setentas, el más representativo guerrillero mexicano antes de la aparición mediática del subcomandante Marcos. El cambio de sexenio es una expresión de fuerte tradición y significado en el ámbito político mexicano. Desde su ampliación efectiva por la vía constitucional, en la década de los 30´s del siglo pasado, el periodo presidencial significó algo más que el incremento de un lapso de ejercicio de gobierno de cuatro a seis años. Determinó el paso generacional de una clase revolucionaria a una clase posrevolucionaria, que instauró una nueva legitimidad política, representada en reglas no escritas y rituales simbólicos, construidos en torno a la idea de un poder omnímodo, pero de carácter temporal. A diferencia del pasado porfiriano y de los antecedentes carrancista, obregonista y callista, desde el presidente Cárdenas la cúspide del poder fue alcanzada por un hombre transfigurado en factor político fundamental y fiel de la balanza nacional, cuya persona, una vez concluido su sexenio, no podía trascender políticamente más allá de su memoria (incluso en vida), a menos de padecer un ostracismo real (como el que Cárdenas aplicó a Calles); a cambio, perduró la nueva institución presidencial, diseñada con arreglos de naturaleza transgeneracional que, sobre todo a partir de 1940, constituyó la solución de la unidad nacional, instituyó el tapadismo y el dedazo presidencial (designación unipersonal del sucesor) y determinó el rumbo del regionalismo político traducido en el ungimiento de candidatos a gobernadores en las entidades federativas… Seguiremos.